Mucho se puede y se debe decir respecto a lo ocurrido en Acteal. Hasta el cansancio debemos repetir lo terrible de la masacre. Una injusticia que cobra actualidad, con la reciente decisión de la “Suprema” corte de liberar, vía amparo, a 20 de los acusados de participar en el asesinado de los 45 indígenas en aquel templo.
El siguiente es una liga para escuchar diversas entrevistas que al respecto realizó Carmen Aristegui en su noticiario matutino.
Raúl Vera, ex Obispo coadjutor de San Cristóbal de las de las Casas. Quien vivió la matanza y las presiones de los paramilitares en el año de la masacre.
Adolfo Orive, ex asesor de Francisco Labastida (Secretario de Gobernación) durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Orive da cuenta y se defiende ante las acusaciones que se han hecho en torno al caso Acteal.
José Antonio Caballero, profesor y responsable de la clínica en abogacía del CIDE, esta clínica es la encargada de la defensa de los indígenas presuntamente inmiscuidos con la matanza. Caballero defiende su
punto y da el porqué toman la defensa del caso Acteal.
http://www.mvsnoticias.com/ver_noticia.cfm?id=7694
Luego te invitamos a leer el artículo realizado por Arturo Rodríguez García para la revista Proceso en el que a través del testimonio del obispo de Saltillo, Raúl Vera, hace una reflexión de lo que significa la decisión de la corte.
HACIA EL TOTALITARISMO
SALTILLO, COAH.- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a 20 implicados en la matanza de 45 indígenas en Acteal, el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, manifiesta que el país, en manos de “gobernantes ineptos” que impiden el acceso a la justicia, marcha hacia “un totalitarismo legitimado por sus tres órdenes de gobierno”.
Entrevistado por Proceso, el obispo menciona, junto con el de Acteal, los casos de Aguas Blancas, Atenco, Pasta de Conchos, Castaños y Lydia Cacho para advertir que ese tipo de situaciones de injusticia, de represión de los movimientos sociales y de ataque a los derechos humanos pueden provocar fuertes estallidos de violencia social.
Ahora, dice, en tan sólo una semana, los ministros fortalecen el fuero militar, el presidente Felipe Calderón rechaza que el Ejército haya incurrido en violaciones de derechos humanos y, para rematar, la SCJN deja impune la matanza de Acteal.
“¡Pero por el amor de Dios! ¿En manos de quiénes estamos!”, exclama.
Convencido de que la “guerra” contra el narco que emprendió Felipe Calderón nada resuelve pero sí criminaliza a los pobres y violenta sus derechos humanos, señala que dicha estrategia es “una previsión contrainsurgente”.
Considera que los estallidos sociales pueden ser detonados por acciones como “liberar a los responsables de los crímenes de Acteal, como la represión y la obstrucción de la justicia, como la cínica impunidad en la que quedan los criminales. Más que la crisis económica –que los mexicanos siempre hemos vivido–, eso sí provoca violencia”.
Aunque el obispo Vera criticó severamente a miembros del Ejército por sus abusos en Chiapas y por haber violado y golpeado a 13 mujeres en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, ahora, durante el gobierno de Felipe Calderón, sus críticas se han centrado en las detenciones arbitrarias, las desapariciones, los cateos sin orden judicial, los abusos contra migrantes indocumentados y el derramamiento de sangre.
Pero eso no significa que haga a un lado los temas económicos y políticos.
Apunta, por ejemplo, que el gobierno ha sido ineficaz para desarticular las redes financieras del narcotráfico y para terminar con la complicidad política de la que goza.
Además de que “(Calderón) no tiene otra salida más que el Ejército, porque su esquema de gobierno es reducido y la capacidad de su administración es parcial. Le quedó grande el mandato, es evidente. La problemática de la nación es demasiado amplia para las reducidas miras de quienes gobiernan, porque lo hacen para sus intereses y no para los gobernados”, reflexiona.
Y ejemplifica: “Hicieron alarde de que el país estaba preparado para la crisis económica y ahora no hay presupuesto. Eso se debe a que tenemos un equipo de Estado demasiado limitado, reducido en sus expectativas, muy pobre en sus iniciativas, tenemos gobernantes ineptos”.
Para redondear: “Desgraciadamente (la crisis económica y de la justicia) se han agudizado. Se necesitaban personas con más talento y audacia, pero no las hay. Éstos creyeron que iban a entrar a comerse el país, pero fueron ignorantes del compromiso que se echaron encima...”.
“Monstruosidad contrainsurgente”
El 22 de diciembre de 1997, día de la masacre de Acteal, Vera López viajó a la ciudad de Sevilla, España, donde se enteró de la matanza. Consultado por la prensa europea, el 29 de diciembre declaró que los grupos paramilitares, con apoyo del Ejército y la policía del estado, expulsaban a los indígenas de sus comunidades, incendiaban sus casas y les impedían conseguir comida y servicios médicos, en lo que calificó como “una estrategia de muerte”.
Su declaración causó revuelo en Europa. Difundida en un boletín y traducida a varios idiomas, agregaba que el gobierno, por un lado, se declaraba en tregua, mientras, por el otro, se valía de los paramilitares para combatir a la sociedad civil en su afán de destruir la base social del EZLN.
Al regresar a México, el último día de 1997, algunos reporteros lo esperaban en el aeropuerto y por ellos se enteró de que estaba citado por la PGR para declarar el 2 de enero.
Preparado para suceder a Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal, Raúl Vera fue objeto de atentados cuando se trasladaba en compañía del entonces obispo titular y también al encontrarse solo. Y hubo tantas presiones del gobierno, el Ejército y el alto clero para sacarlo de Chiapas, que en el año 2000 fue nombrado obispo de Saltillo.
Al notificarle su nuevo cargo, el entonces nuncio apostólico, Justo Mullor, le dijo: “Jamás te perdonaron tus declaraciones en Sevilla”.
Nada sabían en el Vaticano de “la monstruosidad contrainsurgente creada por el Ejército” ni del atentado que Ruiz y Vera sufrieron un mes antes de la matanza de Acteal, el 4 de noviembre de 1997, en Jolnopa Guadalupe, ni que el propio Raúl Vera estuvo al borde de un linchamiento en 1996, cuando el grupo paramilitar de Los Chinchulines lo detuvo en Chilón, al confundir su camioneta con la de Ruiz, y amenazó con prenderle fuego vaciando gasolina.
A casi 12 años de la matanza de Acteal y con la liberación de 20 presuntos responsables, Vera afirma que el caso deja impunes no sólo a los ejecutores materiales de la masacre, sino a quienes estaban detrás de ellos.
Los grupos paramilitares, reitera, fueron creados por el Ejército para desarticular la base social del EZLN, lo que implicaba instaurar un imperio de terror y desplazar a comunidades que desde entonces viven en condiciones infrahumanas.
La explicación de Raúl Vera es la misma que la del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que promovió sus argumentos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió una recomendación al Estado mexicano para procesar por delitos de lesa humanidad y genocidio al expresidente Ernesto Zedillo, en tanto jefe supremo de las Fuerzas Armadas; a su procurador Jorge Madrazo Cuéllar, y a los generales Enrique Cervantes Aguirre, Miguel Ángel Godínez Bravo, Mario Renán Castillo y una decena más de mandos militares, además de exgobernadores de Chiapas y exfuncionarios de la PGR.
Ante el fallo de la SCJN, emitido el 12 de agosto, el obispo de Saltillo piensa que esa determinación pretende limpiar de culpas a una generación política criminal. “Pero –apunta– esta generación de ministros no puede quitar lo ocurrido de la memoria histórica, sólo por dejar al Ejercito libre de los crímenes contra la población. Han intentado cubrir los crímenes de Atenco… mantuvieron una posición ridícula en el caso Lydia Cacho… ahora Acteal…
“Sólo falta que exoneren al Chapo Guzmán, que declaren inocentes a los jefes de todos los cárteles, a los sicarios… Mejor que se vayan antes de que incurran en esa barbaridad”, dice.
“Zedillo los armó”
Para el prelado, el primer paso a la impunidad en el caso de Acteal se dio cuando a los presuntos responsables de la masacre se les quitó el delito de asociación delictuosa, evitando así que se supiera quién los armó, quién les pagaba, quién los mandó.
E insiste: “Fue (Ernesto) Zedillo quien, siendo jefe de las Fuerzas Armadas, los armó. Ese fue un grupo contrainsurgente que incurrió en crímenes de lesa humanidad. Los ministros se convirtieron en corresponsables de esos crímenes con su inmoralidad, poca calidad humana e ineficacia jurídica; se unieron al equipo criminal del señor Zedillo y sus militares. Y junto con él se merecen el desprecio nacional”.
El mayor problema, continúa, es que “el país marcha hacia un totalitarismo legitimado por sus tres órdenes de gobierno, cuyas acciones hacen imposible el acceso a la justicia”.
Para sustentar su afirmación manifiesta que múltiples delitos cometidos desde el Poder Ejecutivo federal o de los estados no son castigados por el Poder Judicial, amparado en las lagunas e incongruencias que el Legislativo deja en leyes, códigos y reglamentaciones, las cuales permiten la realización de frecuentes chicanadas.
Menciona al respecto que, el pasado 10 de agosto, los ministros rehusaron conocer un amparo promovido por la viuda de Zenón López Medina, asesinado por soldados en mayo de 2008, en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, junto con otras tres personas.
Ella, Reynalda Morales Rodríguez, buscaba revertir la decisión de un juez federal que rechazó ampararla para que el caso fuera llevado en tribunales civiles y no se desarrollara en la jurisdicción militar. La fórmula para evitar la discusión sobre la exclusión del fuero militar consistió en invocar el artículo 20 constitucional y el 10 de la Ley de Amparo, que no otorgan personalidad jurídica a una víctima para impugnar la competencia de la justicia militar, lo que para Vera es negarle ciudadanía.
El obispo Vera, quien ha mantenido su respaldo a los deudos de los 65 mineros que perdieron la vida en la mina Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, prosigue:
“En el caso Pasta de Conchos no sólo no hay culpables, sino que la PGR dio carpetazo a la indagatoria; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha insultado a las viudas y deudos, les concede pensiones ridículas, favorece en todo a la empresa, mientras la Secretaría de Economía (SE) les negó ‘interés jurídico’ cuando solicitaron la cancelación de la concesión, y es respaldada por un juez de amparo.”
El 14 de enero de 2008, el Juzgado 15 de Distrito en Materia Administrativa desechó el juicio de garantías, iniciado a petición de la viuda Elvira Martínez, que buscaba impugnar la decisión de la SE, mediante el juicio de amparo, para que se cancele la concesión del Grupo México.
Sobre el caso de la periodista y activista Lydia Cacho, señala que la SCJN desestimó el proyecto según el cual hubo un concierto de autoridades para violar de manera grave sus garantías individuales, y en el caso Castaños, el del pelotón del Ejército que violó tumultuariamente a 13 mujeres, se consiguió condenar a prisión apenas a tres soldados, pero durante el juicio la víctima más afectada (la violaron cuatro militares y la dejaron tirada a campo abierto) se desistió, acusando a la entonces vocera de la curia, Jaqueline Campbell Dávila, así como a otras activistas y a la periodista Soledad Jarquín, de haber dado dinero para presentar sus acusaciones.
Campbell interpuso una demanda por difamación y calumnias para esclarecer la razón de su desistimiento, pues hubo denuncias de hostigamiento contra las víctimas por parte de personal militar. Sin embargo, a la demanda de Campbell le dieron carpetazo, recuerda Vera.
“Negar el acceso a la justicia es un patrón del Estado mexicano cuando se trata de los pobres, y peor si son mujeres”, ya que, expresa, “los ciudadanos en general y las mujeres en particular son víctimas de leyes, funcionarios y juzgadores totalitarios y misóginos, que se dedican a excusar a criminales por razones políticas”.
A su vez, los actuales gobernantes y funcionarios, “ansiosos de poder, llegaron a los puestos con una concepción mercantilista, sin darse cuenta del costo político de su pobreza de miras. Por sus acciones, por su negligencia, por la perversión de la justicia, la corrupción y la violación permanente de derechos humanos, es que hoy la violencia social es posible”.
