Es la hora de exigir cuentas

Editorial del Diario de Chihuahua

De dos años a la fecha, el esquema más manido por las autoridades de los tres niveles para justificar su terrible ineficacia al no prevenir hechos tan abominables como el del fin de semana, se reduce a tres pasos que se pueden dar en orden indistinto: se lavan las manos al adjudicar las matanzas a la guerra entre narcos o criminalizar a las víctimas; luego viene la inefable retórica de “no descansaremos hasta obtener resultados”, “fortaleceremos el programa de seguridad en Ciudad Juárez”, etc., para terminar peleándose entre sí con discusiones huecas sobre quién tiene la responsabilidad de este fracaso, si la Federación, el Estado o el Gobierno local.
Mientras tanto, cientos, miles de deudos junto con el resto de la comunidad juarense, se han quedado hasta el momento rumiando –e incrementando cada vez más, como en una olla de presión– su dolor, su impotencia, su indignación, su desesperanza ante esta inadmisible incapacidad oficial para dar una respuesta efectiva a esta barbarie a la cual ya resulta arduo calificar.
Esperábamos los fronterizos que ante la reacción mundial que ha suscitado la masacre del grupo de estudiantes, esa absurda y repetida cortina de humo gubernamental se modificara. Nos equivocamos. Ha vuelto a repetirse.
Desde Tokio, un día después de que presumiera en un artículo publicado a dos páginas en un periódico japonés los “severos golpes” que su gobierno ha asestado a la criminalidad y asegurar que su estrategia contra la delincuencia organizada va en la dirección correcta, el presidente Felipe Calderón si bien lamentó la matanza, también recurrió al consabido argumento de la guerra entre narcos al indicar que el asesinato de los jóvenes “probablemente” haya sido cometido “por otro grupo con el que, es una de las hipótesis, tenía cierta rivalidad”. O sea, una guerra entre pandillas.
Aun cuando no se puede descartar en este momento cualquier móvil para explicar este sanguinario atentado, sí es indispensable aventurar que la mayor parte de quienes fueron acribillados el sábado por la noche son inocentes, como ha sucedido en otros numerosos hechos anteriores, por lo que resulta muy irresponsable que el primer mandatario, desde Asia, incluya en el mismo costal delictivo a adolescentes que sólo se dedicaban a estudiar, hacer deporte y a vivir su vida común de jóvenes.
Ellos no son “otro delincuente menos”, como pretendía establecer entre los medios de comunicación un mando militar que afortunadamente fue cambiado a otra zona.
No es todo. Erigiéndose en candil de la calle, el Ejecutivo federal propuso al primer ministro nipón un “Plan Marshall” de reconstrucción para levantar al devastado Haití, como si Ciudad Juárez y otros puntos de México no enfrentaran condiciones que demandan una urgente atención similar de su gobierno.
Actitudes injustificables como ésta que ofrece Calderón han sido compartidas en distintos momentos por las autoridades militares, estatales y municipales, quienes escudándose en las palabras, en la propaganda mediática, en los reflectores ilusorios, en las relaciones públicas, en las hipótesis engañosas como la que hoy plantea el presidente, le han apostado al paso del tiempo para encubrir una investigación policial inexistente, una estrategia falta de inteligencia y, más grave aun, para echar en el olvido la presión ciudadana.
Este estilo de ‘hago como que trabajo’, ‘hago como que me coordino’ de la Presidencia de la República, del Gobierno estatal y de la Administración municipal, es el que ha propiciado la arbitrariedad total con que actúan los criminales, quienes son sabedores de que las reacciones inmediatas de preocupación de los gobiernos, de los cuerpos de seguridad, de la impartición de justicia, ante hechos como el del sábado, son flor de un día.
Han sido ya dos años de aguantar en el abandono oficial esta insoportable situación que ha convertido a Ciudad Juárez en tierra de nadie, en una comunidad que responde al vaivén de las mafias criminales ante la fáctica omisión gubernamental.
Si hasta del mapa de El Paso hemos sido borrados por esta causa.
No es posible continuar así. El sacrificio de este grupo de estudiantes no debe quedar como un hecho estéril más de tantos que han impactado a la frontera y al mundo en estos 24 meses. Esta masacre tiene que ser un parteaguas que mueva a la sociedad fronteriza a gritar un ¡basta! a sus autoridades. Debe erigirse en un antes y un después para la forma en que hasta ahora han dizque trabajado nuestros gobiernos.
No debemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes –los que no han huido de la ciudad porque no pueden– continúen muriendo en aras de la sola impunidad. Como tampoco aceptamos que sean ellos quienes paguen las culpas de la ineficacia oficial, al confinarlos a sus viviendas sin fiestas, sin esparcimiento, sin una vida que la etapa en que están les reclama.
Es hora de exigir cuentas. Es tiempo de que el presidente Felipe Calderón y su gabinete de seguridad, incluidos el Ejército y el titular de la PGR; el gobernador José Reyes Baeza y sus funcionarios de esta área; el alcalde José Reyes Ferriz y sus jefes policiales, respondan a las demandas de justicia de los juarenses.
Desde su asunción al poder federal, el Jefe de la Nación ha estado contadas ocasiones en esta frontera y cuando ha venido se ha encerrado con grupos pequeños de empresarios, a quienes aparentemente los ha escuchado. Ese privilegiar a algunas élites ha servido de nada, como lo hemos podido constatar con las acciones emprendidas por Víctor Valencia de los Santos en su improductivo paso por Seguridad Pública estatal.
Exigimos que el primer mandatario, el gobernador y el alcalde se apersonen en esta ciudad con respuestas objetivas, con un plan efectivo como el que está sugiriendo Calderón para Haití, porque si bien Juárez no ha sufrido un sismo tan demoledor como el de la nación caribeña, eso no significa que no esté igualmente devastada por la violencia y la inseguridad.
Frente al estado de excepción de facto en que los juarenses hemos estado viviendo, esta frontera debe ser una prioridad nacional para nuestras autoridades.