Plantear una política petrolera, la que hoy demanda nuestro país, es hablar de muchas cosas más. El gobierno, insisto en ello, poco nos ha dicho al respecto.
En marzo pasado, la Secretaría de Energía hizo público un diagnóstico sobre Petróleos Mexicanos (Pemex). En ese documento la dependencia presenta una visión tendenciosa, alarmista y catastrófica del organismo y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Son argumentos sin sustento, que caen por su propio peso.
El diagnóstico no dimensiona la capacidad de ejecución de la que supuestamente carece Pemex, ni las áreas de la industria en las que considera se presentan los déficit en este aspecto; tampoco señala la magnitud y origen de los recursos necesarios para realizar lo que supuestamente hace falta y sólo hace ver que Pemex no cuenta con recursos y que se requeriría de créditos o de inversiones de particulares para sacar adelante a la industria, y tampoco precisa cuáles son las tecnologías con las que no cuenta y a las que debe acceder Pemex para trabajar aguas profundas.
Debe aclararse que los trabajos en aguas profundas no se realizan a partir de tecnologías patentadas o de fórmulas que se apliquen con carácter universal. Cada proyecto reclama un diseño y una ejecución particulares. Sin tener acceso a las tecnologías, según el gobierno, Pemex, reconocido así por el propio gobierno, ya ha realizado la perforación de siete pozos en aguas profundas, además de que ha ordenado la construcción de varios equipos para realizar trabajo en esas aguas. Por otro lado, Pemex ha solicitado a la Secretaría de Energía permisos para llevar a cabo el reconocimiento y exploración superficial en el área del Cinturón Plegado Perdido y de la llamada región B del Golfo de México, en una superficie de 514 mil 370 kilómetros cuadrados, con tirantes de agua que van de los 300 hasta los 3 mil 500 metros, esto es, estudios a realizar dentro de la zona económica de México y en el polígono de alta mar oriental de aguas internacionales, que limitan con Estados Unidos y Cuba. O sea que viendo todo esto, Pemex, en contradicción con lo que señala el diagnóstico de la Secretaría de Energía, sí cuenta con las tecnologías para desarrollar trabajos en aguas profundas y ultraprofundas.
El diagnóstico también hace referencia a que existen rezagos en la industria petrolera. Ha sido frecuente escuchar de altos funcionarios de la administración que inversiones que se hicieron y se hacen en el extranjero para abastecer mercados mexicanos generan empleos y derramas económicas en otros países en vez de hacerlo en el nuestro. Desde luego que existen rezagos, es ésa una de las consecuencias de tres décadas de políticas antinacionales, años transcurridos sin que se construya una sola refinería en nuestro territorio, a pesar de tenerse conciencia de que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Rezagos equivalentes se encuentran en materia de exploración y reposición de reservas, en el mantenimiento y extensión de las redes de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado. Se prefirió ceder mercados muy lucrativos, que pudo haber cubierto la industria estatal de haber sido favorecida como lo han sido productores extranjeros. Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los más recientes gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a Pemex “a punto de privatización”. Y las más recientes administraciones han sido obedientes y en extremo eficientes en ello.
Un primer paso para recuperar la industria petrolera para el país debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuestales de Pemex en criterios técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión, y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función sólo de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos fiscales que recauda el gobierno. Esto es, conceder efectiva autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, de modo que esté en capacidad de desarrollar una política de precios competitiva y de tener acceso, como cualquier entidad productiva, al mercado de capitales.
Si, en el caso de los precios, el gobierno decide que ciertos productos se subsidien, los subsidios debieran correr por cuenta del propio gobierno federal como tal y no cargarlos a los recursos de la entidad productiva, Pemex en este caso.
La decisión de otorgar autonomía presupuestal a Pemex debiera ir acompañada de las instrucciones, decretos o en su caso iniciativas de ley del titular del Ejecutivo para que la deuda que se ha obligado a contraer a la paraestatal con el esquema de pidiregas, sea absorbida por la Secretaría de Hacienda, para hacer con ello efectiva esa autonomía y liberar a Pemex de un lastre financiero que la coartaría. Una decisión en este sentido sería una muestra de voluntad del Ejecutivo por realmente conceder autonomía al organismo y muestra también de la decisión de arrancarlo del estrangulamiento al que lo tiene sometido Hacienda.
En marzo pasado, la Secretaría de Energía hizo público un diagnóstico sobre Petróleos Mexicanos (Pemex). En ese documento la dependencia presenta una visión tendenciosa, alarmista y catastrófica del organismo y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Son argumentos sin sustento, que caen por su propio peso.
El diagnóstico no dimensiona la capacidad de ejecución de la que supuestamente carece Pemex, ni las áreas de la industria en las que considera se presentan los déficit en este aspecto; tampoco señala la magnitud y origen de los recursos necesarios para realizar lo que supuestamente hace falta y sólo hace ver que Pemex no cuenta con recursos y que se requeriría de créditos o de inversiones de particulares para sacar adelante a la industria, y tampoco precisa cuáles son las tecnologías con las que no cuenta y a las que debe acceder Pemex para trabajar aguas profundas.
Debe aclararse que los trabajos en aguas profundas no se realizan a partir de tecnologías patentadas o de fórmulas que se apliquen con carácter universal. Cada proyecto reclama un diseño y una ejecución particulares. Sin tener acceso a las tecnologías, según el gobierno, Pemex, reconocido así por el propio gobierno, ya ha realizado la perforación de siete pozos en aguas profundas, además de que ha ordenado la construcción de varios equipos para realizar trabajo en esas aguas. Por otro lado, Pemex ha solicitado a la Secretaría de Energía permisos para llevar a cabo el reconocimiento y exploración superficial en el área del Cinturón Plegado Perdido y de la llamada región B del Golfo de México, en una superficie de 514 mil 370 kilómetros cuadrados, con tirantes de agua que van de los 300 hasta los 3 mil 500 metros, esto es, estudios a realizar dentro de la zona económica de México y en el polígono de alta mar oriental de aguas internacionales, que limitan con Estados Unidos y Cuba. O sea que viendo todo esto, Pemex, en contradicción con lo que señala el diagnóstico de la Secretaría de Energía, sí cuenta con las tecnologías para desarrollar trabajos en aguas profundas y ultraprofundas.
El diagnóstico también hace referencia a que existen rezagos en la industria petrolera. Ha sido frecuente escuchar de altos funcionarios de la administración que inversiones que se hicieron y se hacen en el extranjero para abastecer mercados mexicanos generan empleos y derramas económicas en otros países en vez de hacerlo en el nuestro. Desde luego que existen rezagos, es ésa una de las consecuencias de tres décadas de políticas antinacionales, años transcurridos sin que se construya una sola refinería en nuestro territorio, a pesar de tenerse conciencia de que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Rezagos equivalentes se encuentran en materia de exploración y reposición de reservas, en el mantenimiento y extensión de las redes de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado. Se prefirió ceder mercados muy lucrativos, que pudo haber cubierto la industria estatal de haber sido favorecida como lo han sido productores extranjeros. Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los más recientes gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a Pemex “a punto de privatización”. Y las más recientes administraciones han sido obedientes y en extremo eficientes en ello.
Un primer paso para recuperar la industria petrolera para el país debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuestales de Pemex en criterios técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión, y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función sólo de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos fiscales que recauda el gobierno. Esto es, conceder efectiva autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, de modo que esté en capacidad de desarrollar una política de precios competitiva y de tener acceso, como cualquier entidad productiva, al mercado de capitales.
Si, en el caso de los precios, el gobierno decide que ciertos productos se subsidien, los subsidios debieran correr por cuenta del propio gobierno federal como tal y no cargarlos a los recursos de la entidad productiva, Pemex en este caso.
La decisión de otorgar autonomía presupuestal a Pemex debiera ir acompañada de las instrucciones, decretos o en su caso iniciativas de ley del titular del Ejecutivo para que la deuda que se ha obligado a contraer a la paraestatal con el esquema de pidiregas, sea absorbida por la Secretaría de Hacienda, para hacer con ello efectiva esa autonomía y liberar a Pemex de un lastre financiero que la coartaría. Una decisión en este sentido sería una muestra de voluntad del Ejecutivo por realmente conceder autonomía al organismo y muestra también de la decisión de arrancarlo del estrangulamiento al que lo tiene sometido Hacienda.
Cuaúhtemoc Cárdenas en La Jornada
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