Era un bello edificio admirado dentro y fuera de México. Erigirlo había costado años y años de batallas a las oposiciones, reformas a cuentagotas. Se coronó campeón de la democracia a la mexicana en 2000… y se derrumbó en unas horas.
La tarde del 5 de julio de 2006, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) salían por la puerta trasera para evitar toparse con los representantes de la coalición Por el Bien de Todos. Eran las angustiosas horas en que el Programa de Resultados Electorales Preliminares daba escasa ventaja a Andrés Manuel López Obrador, y los consejeros se negaban a declarar un vencedor.
Para entonces ya era claro que la primera víctima era la credibilidad del IFE y, con ella, la confianza ciudadana.
–El IFE está irremediablemente tocado –se decía al consejero Rodrigo Morales en esas truculentas horas.
–Es posible –respondía con rostro de abatimiento y gesto que afirmaba más que dudar.
Morales fue uno de los primeros en salir como resultado de la reforma electoral pactada por las principales fuerzas políticas del país. Unos meses antes de la salida de Morales, en un primer paquete de relevos, renunció, cuando ya prácticamente lo habían echado, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, llegado ahí de la mano de Elba Esther Gordillo, de quien fue empleado.
“Aceptar nuestra remoción es aceptar que hubo fraude”, sentenció Ugalde en su pataleo final, en diciembre de 2007.
Ahora prepara un libro sobre su verdad en torno a los comicios del 2 de julio. Quería publicarlo antes del segundo aniversario de la elección presidencial, pero se atrasó en el trabajo quizá porque le hacía falta recordar episodios con algunos personajes. Hace unas semanas, por ejemplo, cenó para tal efecto en la casa de Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación y pieza clave en la operación electoral de Elba Esther Gordillo, su suegra.
Sí hubo fraude: percepción ciudadana
Es muy probable que Ugalde tenga razón. Su salida y la de los demás consejeros electorales, además de las reformas que pegan a los privilegios de los partidos pequeños y a los enormes poderes de la televisión, parecen haber contribuido a la percepción ciudadana de que el conflicto político, que arrancó en la elección de hace dos años, sigue abierto.
En el primer aniversario de las elecciones federales, 39 por ciento de ciudadanos consideraban que el conflicto no estaba cerrado. Este año la cifra ha subido a 43.4 por ciento, frente a 40.4 que piensa que ya está solucionado. El país, con todo y que la aprobación del gobierno de Felipe Calderón ronda 60 por ciento, sigue partido a la mitad.
La encuesta fue aplicada a mil ciudadanos de todo el país durante la segunda quincena de junio, y ofrece otros aportes interesantes relacionados con la percepción de lo sucedido hace dos años. Uno de cada tres ciudadanos sigue pensando que hubo fraude electoral, aunque sólo 25 por ciento considera que el ganador fue Andrés Manuel López Obrador.
Ni la reforma electoral aprobada por las principales fuerzas políticas con la nada despreciable oposición de las televisoras, ni los comicios locales resueltos desde entonces sin conflictos significativos, han logrado que mejore la percepción ciudadana sobre la situación política del país. En 2007 los ciudadanos afirmaban que había mejorado, pero ahora 71 por ciento consideran que es peor que hace un año, cifra muy similar al 75 por ciento de octubre de 2006.
Pese a las campañas permanentes de defensa de las instituciones y a la muy persistente uniformidad de los medios electrónicos, la mitad de los ciudadanos del centro del país sigue considerando que hubo fraude electoral en 2006, lo mismo que casi 40 por ciento en el sureste. En el norte y el Bajío esa idea se reduce a 20 y 26 por ciento.
La tarde del 5 de julio de 2006, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) salían por la puerta trasera para evitar toparse con los representantes de la coalición Por el Bien de Todos. Eran las angustiosas horas en que el Programa de Resultados Electorales Preliminares daba escasa ventaja a Andrés Manuel López Obrador, y los consejeros se negaban a declarar un vencedor.
Para entonces ya era claro que la primera víctima era la credibilidad del IFE y, con ella, la confianza ciudadana.
–El IFE está irremediablemente tocado –se decía al consejero Rodrigo Morales en esas truculentas horas.
–Es posible –respondía con rostro de abatimiento y gesto que afirmaba más que dudar.
Morales fue uno de los primeros en salir como resultado de la reforma electoral pactada por las principales fuerzas políticas del país. Unos meses antes de la salida de Morales, en un primer paquete de relevos, renunció, cuando ya prácticamente lo habían echado, el consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, llegado ahí de la mano de Elba Esther Gordillo, de quien fue empleado.
“Aceptar nuestra remoción es aceptar que hubo fraude”, sentenció Ugalde en su pataleo final, en diciembre de 2007.
Ahora prepara un libro sobre su verdad en torno a los comicios del 2 de julio. Quería publicarlo antes del segundo aniversario de la elección presidencial, pero se atrasó en el trabajo quizá porque le hacía falta recordar episodios con algunos personajes. Hace unas semanas, por ejemplo, cenó para tal efecto en la casa de Fernando González Sánchez, subsecretario de Educación y pieza clave en la operación electoral de Elba Esther Gordillo, su suegra.
Sí hubo fraude: percepción ciudadana
Es muy probable que Ugalde tenga razón. Su salida y la de los demás consejeros electorales, además de las reformas que pegan a los privilegios de los partidos pequeños y a los enormes poderes de la televisión, parecen haber contribuido a la percepción ciudadana de que el conflicto político, que arrancó en la elección de hace dos años, sigue abierto.
En el primer aniversario de las elecciones federales, 39 por ciento de ciudadanos consideraban que el conflicto no estaba cerrado. Este año la cifra ha subido a 43.4 por ciento, frente a 40.4 que piensa que ya está solucionado. El país, con todo y que la aprobación del gobierno de Felipe Calderón ronda 60 por ciento, sigue partido a la mitad.
La encuesta fue aplicada a mil ciudadanos de todo el país durante la segunda quincena de junio, y ofrece otros aportes interesantes relacionados con la percepción de lo sucedido hace dos años. Uno de cada tres ciudadanos sigue pensando que hubo fraude electoral, aunque sólo 25 por ciento considera que el ganador fue Andrés Manuel López Obrador.
Ni la reforma electoral aprobada por las principales fuerzas políticas con la nada despreciable oposición de las televisoras, ni los comicios locales resueltos desde entonces sin conflictos significativos, han logrado que mejore la percepción ciudadana sobre la situación política del país. En 2007 los ciudadanos afirmaban que había mejorado, pero ahora 71 por ciento consideran que es peor que hace un año, cifra muy similar al 75 por ciento de octubre de 2006.
Pese a las campañas permanentes de defensa de las instituciones y a la muy persistente uniformidad de los medios electrónicos, la mitad de los ciudadanos del centro del país sigue considerando que hubo fraude electoral en 2006, lo mismo que casi 40 por ciento en el sureste. En el norte y el Bajío esa idea se reduce a 20 y 26 por ciento.
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