Quienes sostienen que las iniciativas de reforma en materia energética del gobierno de Felipe Calderón no son privatizadoras razonan de manera semejante a quienes afirmaban que el régimen económico de la extinta URSS era socialista. Piensan que si dichas iniciativas no buscan vender las instalaciones productivas de Pemex, entonces no hay privatización. De la misma manera, muchos argumentaban que si en la URSS no existía propiedad privada de los medios de producción, entonces se trataba de una economía socialista.
Pero bastaría que en el primer caso se preguntaran quién se apropiaría de la renta petrolera para darse cuenta de que se trata de una privatización flagrante y, por lo tanto, de reformas anticonstitucionales; y en el segundo caso, bastaría que se preguntasen cómo se generaba el valor para entender que en lugar de socialismo lo que había en la URSS era un capitalismo rampante, con la correspondiente explotación de la fuerza de trabajo y a pesar de su planificación centralizada.
Abrir las puertas a la participación del capital privado en el almacenamiento, construcción de ductos, refinerías, explotación y exploración de crudo equivale, según los especialistas, a apropiarse de 75% del flujo de valor generado a lo largo de la cadena productiva del petróleo. Si esto no es privatizar la industria petrolera, ¿entonces qué es?
Aprobar la reforma energética del gobierno colocaría a Pemex en el lamentable horizonte de convertirse en simple maquilador de las empresas privadas. De manera que el futuro de un recurso estratégico para el desarrollo nacional quedaría definido por el afán de la ganancia privada.
Pero bastaría que en el primer caso se preguntaran quién se apropiaría de la renta petrolera para darse cuenta de que se trata de una privatización flagrante y, por lo tanto, de reformas anticonstitucionales; y en el segundo caso, bastaría que se preguntasen cómo se generaba el valor para entender que en lugar de socialismo lo que había en la URSS era un capitalismo rampante, con la correspondiente explotación de la fuerza de trabajo y a pesar de su planificación centralizada.
Abrir las puertas a la participación del capital privado en el almacenamiento, construcción de ductos, refinerías, explotación y exploración de crudo equivale, según los especialistas, a apropiarse de 75% del flujo de valor generado a lo largo de la cadena productiva del petróleo. Si esto no es privatizar la industria petrolera, ¿entonces qué es?
Aprobar la reforma energética del gobierno colocaría a Pemex en el lamentable horizonte de convertirse en simple maquilador de las empresas privadas. De manera que el futuro de un recurso estratégico para el desarrollo nacional quedaría definido por el afán de la ganancia privada.
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