Conferencia dictada ante el Senado de la República
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
13 de mayo de 2008
Desde los inicios de la explotación petrolera en el país hasta que se decretó la expropiación de las compañías, el petróleo mexicano se explotó en el esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor parte de la producción a mercados del exterior, y sólo utilizando una parte menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos, destinados a los consumos internos. De 1938 hasta 1976, la actividad de Petróleos Mexicanos se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de petrolíferos y a apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del petróleo se constituyó también en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo. Entre 1982 y 1988 la administración frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la exportación de crudo al pago de deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró, consciente e intencionadamente, el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derechos, impuestos, etc., para nutrir los recursos fiscales del Estado.
Los objetivos que debieran asignarse a Petróleos Mexicanos, a mi juicio, son los de devolver a la industria petrolera y a Pemex mismo el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances globales, que obtenga sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial.
* * *
Del Diagnóstico que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre Pemex y la industria petrolera, lo primero que debe decirse es que presenta una visión falaz, pretendidamente catastrófica de Pemex y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Señala también que producciones que abastecen el mercado mexicano generan empleos y derramas económicas en el extranjero, pero no da las razones de cómo y por qué se llegó a esta indebida situación.
De manera alarmista, el Diagnóstico da cuenta de la declinación de los yacimientos y la caída en la producción, de la magnitud, supuestamente inalcanzable para Pemex, de los trabajos a realizar en las diferentes áreas de la industria, sin hacer consideración alguna de los recursos necesarios y sus fuentes de origen para hacer lo que tenga que hacer, ni de la necesaria distribución de actividades e inversiones en el tiempo, y sin plantearse un cambio a las políticas vigentes, salvo en que determinadas actividades a realizar requieren de la inversión de particulares.
Independientemente del Diagnóstico, el gobierno, a estas alturas, tendría que haber presentado sus ideas y en su caso más bien una propuesta de plan de desarrollo, plan de trabajo o plan de negocios de Petróleos Mexicanos, de la industria petrolera y de la industria energética, en el corto, mediano y largo plazos, señalando con precisión las actividades a realizar y su dimensión, los tiempos de ejecución considerados y los recursos necesarios para ello. Proporcionar esta información, a más de que lo considero una obligación del gobierno, contribuiría de manera positiva al debate petrolero.
* * *
La solución a los problemas de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera, de acuerdo a los planteamientos oficiales, empezarían a darse a partir de que se aprobaran las iniciativas que el 8 de abril remitió el Ejecutivo al Senado, las que, según expresó en este mismo escenario la Secretaria de Energía, no demandan reforma constitucional alguna y se enmarcan de manera absoluta en lo dispuesto por nuestra Carta Magna.
La más importante de esas iniciativas, por su trascendencia según se apruebe tal como está, según se modifique o se deseche, es la relativa a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, ya que al través de ella, el Ejecutivo pretende se cambie el marco regulatorio que actualmente rige a la industria petrolera.
El artículo 4° que se propone en esta iniciativa, de aprobarse, abriría el paso franco para la violación de la Constitución. Dice el texto de este artículo: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y continúa, “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.
Esas líneas dejan ver, con toda nitidez, a partir de qué instrumentos se darían las violaciones a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución, aunque ciertamente, como aquí lo expresó la Secretaria de Energía, el Ejecutivo no está proponiendo ninguna reforma constitucional.
No se propone reformar la Constitución. Simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Eso, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave todavía que reformarla.
Vuelvo al caso. Decía que el texto propuesto del artículo 4° de la iniciativa contradice al 27 constitucional, que establece que “[Tratándose] del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos… no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos”.
Entonces, al expresarse que la Nación directamente o por conducto de Pemex pudiera celebrar contratos con terceros para maquilar la refinación de hidrocarburos y otorgar permisos a personas en calidad de constructoras, operadoras y/o propietarias para el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, petrolíferos y materias primas petroquímicas, según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la Constitución, sino a otros, y pregunto entonces, ¿a contratos y concesiones que no son ni contratos ni concesiones según la definición constitucional? ¡Que no se quieran pasar de listos!
13 de mayo de 2008
Desde los inicios de la explotación petrolera en el país hasta que se decretó la expropiación de las compañías, el petróleo mexicano se explotó en el esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor parte de la producción a mercados del exterior, y sólo utilizando una parte menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos, destinados a los consumos internos. De 1938 hasta 1976, la actividad de Petróleos Mexicanos se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de petrolíferos y a apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del petróleo se constituyó también en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo. Entre 1982 y 1988 la administración frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la exportación de crudo al pago de deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró, consciente e intencionadamente, el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derechos, impuestos, etc., para nutrir los recursos fiscales del Estado.
Los objetivos que debieran asignarse a Petróleos Mexicanos, a mi juicio, son los de devolver a la industria petrolera y a Pemex mismo el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances globales, que obtenga sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial.
* * *
Del Diagnóstico que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre Pemex y la industria petrolera, lo primero que debe decirse es que presenta una visión falaz, pretendidamente catastrófica de Pemex y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Señala también que producciones que abastecen el mercado mexicano generan empleos y derramas económicas en el extranjero, pero no da las razones de cómo y por qué se llegó a esta indebida situación.
De manera alarmista, el Diagnóstico da cuenta de la declinación de los yacimientos y la caída en la producción, de la magnitud, supuestamente inalcanzable para Pemex, de los trabajos a realizar en las diferentes áreas de la industria, sin hacer consideración alguna de los recursos necesarios y sus fuentes de origen para hacer lo que tenga que hacer, ni de la necesaria distribución de actividades e inversiones en el tiempo, y sin plantearse un cambio a las políticas vigentes, salvo en que determinadas actividades a realizar requieren de la inversión de particulares.
Independientemente del Diagnóstico, el gobierno, a estas alturas, tendría que haber presentado sus ideas y en su caso más bien una propuesta de plan de desarrollo, plan de trabajo o plan de negocios de Petróleos Mexicanos, de la industria petrolera y de la industria energética, en el corto, mediano y largo plazos, señalando con precisión las actividades a realizar y su dimensión, los tiempos de ejecución considerados y los recursos necesarios para ello. Proporcionar esta información, a más de que lo considero una obligación del gobierno, contribuiría de manera positiva al debate petrolero.
* * *
La solución a los problemas de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera, de acuerdo a los planteamientos oficiales, empezarían a darse a partir de que se aprobaran las iniciativas que el 8 de abril remitió el Ejecutivo al Senado, las que, según expresó en este mismo escenario la Secretaria de Energía, no demandan reforma constitucional alguna y se enmarcan de manera absoluta en lo dispuesto por nuestra Carta Magna.
La más importante de esas iniciativas, por su trascendencia según se apruebe tal como está, según se modifique o se deseche, es la relativa a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, ya que al través de ella, el Ejecutivo pretende se cambie el marco regulatorio que actualmente rige a la industria petrolera.
El artículo 4° que se propone en esta iniciativa, de aprobarse, abriría el paso franco para la violación de la Constitución. Dice el texto de este artículo: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y continúa, “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.
Esas líneas dejan ver, con toda nitidez, a partir de qué instrumentos se darían las violaciones a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución, aunque ciertamente, como aquí lo expresó la Secretaria de Energía, el Ejecutivo no está proponiendo ninguna reforma constitucional.
No se propone reformar la Constitución. Simplemente, sin alterar su texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Eso, planteado por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta tanto o más grave todavía que reformarla.
Vuelvo al caso. Decía que el texto propuesto del artículo 4° de la iniciativa contradice al 27 constitucional, que establece que “[Tratándose] del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos… no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos”.
Entonces, al expresarse que la Nación directamente o por conducto de Pemex pudiera celebrar contratos con terceros para maquilar la refinación de hidrocarburos y otorgar permisos a personas en calidad de constructoras, operadoras y/o propietarias para el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, petrolíferos y materias primas petroquímicas, según la interpretación del gobierno no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la Constitución, sino a otros, y pregunto entonces, ¿a contratos y concesiones que no son ni contratos ni concesiones según la definición constitucional? ¡Que no se quieran pasar de listos!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario